La austeridad que pregona el gobierno de Joaquín Díaz Mena vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, el foco está en el DIF Estatal, presidido por su esposa, Wendy Méndez Naal, donde dos contratos por más de 235 millones de pesos para la compra de barras de cereal y otros productos alimenticios desatan interrogantes sobre las prioridades del gasto público en Yucatán.
¿Qué se sabe del pago de 235 mdp por barritas de cereal en Yucatán?
Mientras el discurso de la Cuarta Transformación insiste en poner primero a los más necesitados, las cifras obligan a preguntar: ¿cómo se justifica semejante desembolso cuando persisten necesidades urgentes en hospitales, escuelas y colonias del estado? El dinero público no es una caja chica del gobierno ni un recurso para gastar sin explicaciones; pertenece a los ciudadanos que todos los días enfrentan carencias y esperan que sus impuestos se traduzcan en soluciones.
La polémica no se limita al monto. Los contratos, ejecutados entre 2024 y 2025 con la empresa Instantia GS, están relacionados con el suministro de barras de cereal, cereales y barras de fruta para el programa de alimentación escolar. Una finalidad que, en principio, busca atender a la población estudiantil, pero que no exime a las autoridades de explicar los costos, las condiciones de contratación, los criterios de selección del proveedor y los resultados obtenidos.
235 mdp en barritas de cereal y apenas 2 millones para el servicio de agua
El contraste resulta todavía más incómodo para la administración morenista cuando se observa la inversión destinada a otras necesidades. Mientras los contratos alimentarios superan los 235 millones de pesos, la JAPAY destinó 2 millones 763 mil 329 pesos a un sistema de captación de agua potable en la colonia Nora Quintana, en Mérida. Es decir, el monto de los contratos alimentarios equivale a casi 85 veces esa inversión.
Para las familias que padecen problemas de abastecimiento de agua, los pacientes que enfrentan dificultades para conseguir medicamentos y las comunidades que esperan mejores escuelas e infraestructura, las cifras no son simples números en un documento, son una medida de las decisiones de quienes gobiernan. Y cuando una administración presume austeridad, está obligada a demostrar que cada peso se ejerce con eficiencia, transparencia y sentido social.
En este escenario, Wendy Méndez Naal no puede quedar al margen de las explicaciones por tratarse de la presidenta del DIF estatal, una dependencia directamente vinculada con programas de asistencia social.
Del mismo modo, Joaquín Díaz Mena deberá responder por las prioridades de una administración que encabeza y que ha convertido la austeridad y el bienestar del pueblo en parte central de su discurso político, mientras la pregunta seguirá en el aire: ¿primero los pobres o primero las decisiones del gobierno?
